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viernes, 15 de marzo de 2013

La banca quiere fijar lo que es “abusivo”(El País 14/3/2013)


El sector teme que se eleve la litigiosidad por los distintos criterios de los jueces
Los bancos y las antiguas cajas reaccionaron este jueves con cautela ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que dictamina que los procesos de ejecución hipotecaria en España se deben paralizar si un juez considera que existen cláusulas abusivas.
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) dijo que la sentencia europea constituye “una aportación en el perfeccionamiento” de la legislación hipotecaria nacional. La CECA expresó además su disposición a colaborar “lealmente” con el Gobierno y los grupos parlamentarios en el diseño e implementación de las reformas normativas que permitan una aplicación “razonable” de dicha sentencia. Por último, recordó que sus asociadas ya han puesto en marcha programas “para mitigar los efectos que las ejecuciones hipotecarias puedan ocasionar a los colectivos más vulnerables”.
La Asociación Española de Banca (AEB) fue mucho más escueta y críptica. Solo dijo que consideraba la sentencia “razonable y constructiva”. En un comunicado, la patronal bancaria añadió que “a partir de ahora, se trata de cumplir este dictamen y de interpretarlo en la misma línea”. Está claro que considera que existen riesgos en su aplicación.
Es habitual que, oficialmente, el sector no busque la confrontación, pero, en privado, ejecutivos de algunas entidades manifestaron su temor a que se instale “una cierta inseguridad jurídica si cada juez puede decidir cuándo una cláusula es o no abusiva”. La AEB y la CECA serán las responsables de negociar con el Gobierno y las fuerzas políticas para concretar al máximo los detalles. El Congreso de los Diputados ha ampliado hasta el 21 de marzo el plazo de admisión de enmiendas al anteproyecto de ley de Deudores Hipotecarios y que se debatirá paralelamente con la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la plataforma contra los desahucios.
El sector financiero teme el descrédito que sufrirá por esta sentencia y que cada juez aplique un criterio diferente en las hipotecas, lo que aumentará mucho la litigiosidad. “Lo mejor sería definir una cantidad que se puede aplicar y eso se traslade a los contratos. Esto permitiría que existiera seguridad jurídica para ambas partes”, explican desde un gran banco. No obstante, son muchos los que consideran que a partir de ahora se van a alargar los procedimientos judiciales en caso de impago de hipotecas. Lo más positivo para el sector es que “la dación en pago no está en discusión. El Gobierno lo ha garantizado. Otra cosa será la retroactividad o no de los que se consideren perjudicados por cláusulas abusivas”, apuntan con temor en un banco que procede de una antigua caja.
Concretar lo que es “abuso” no va a ser fácil. Un banquero recuerda que el 13 de febrero se reunieron los jueces de la Audiencia Provincial de Madrid para intentar determinar cuáles son los intereses de demora que era razonable aplicar. Al final de la cita, no fueron capaces de concretar una cifra exacta.
El Colegio de Registradores de la Propiedad aportó otra solución: pidió ayer que funcionarios independientes a las entidades lleven “un control preventivo” para detectar las cláusulas abusivas en las hipotecas. Estos controles preventivos fueron eliminados con la reforma de la Ley

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