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lunes, 18 de marzo de 2013

Serán necesarios tres impagos para proceder a la ejecución hipotecaria (ABC.es - 15/3/13)

El Gobierno ha anunciado este viernes nuevos cambios en la ley tras la aprobación de la sentencia que establece que España contradice la normativa europea en materia de desahucios. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que serán necesarios tres impagos para proceder a la ejecución hipotecaria. Una medida que, no obstante, ya se incluía con anterioridad a la sentencia en las enmiendas del Partido Popular.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Ejecutivo ha constituido un grupo de trabajo compuesto por los ministerios de Justicia y Economía y Competitividad para estudiar las reformas necesarias a la hora de trasladar a la normativa española la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Con anterioridad a la emisión de la sentencia europea, entre las medidas que ampliarán la ley sobre hipotecas aprobada en noviembre, y que se tramitan actualmente en el Congreso el Gobierno ya contemplaba la inclusión de un techo a los intereses de demora. El máximo que podrá aplicar una entidad por retraso en el pago de las cuotas se limitará al 12%, es decir, tres veces el tipo de interés legal, que se sitúa actualmente en el 4%. Además, en el caso de personas que están en umbral de exclusión, los intereses de demora sólo podrán superar el interés pactado en el préstamo en un 2%.
Las enmiendas planificadas por el Ejecutivo también prevén una mayor regulación de las cláusulas «especialmente complejas» como las de suelo, las de hipotecas multidivisas y los «swaps» de intereses, entre otras que puedan requerir conocimientos financieros profundos por parte de los ciudadanos.
También se reforzará dentro del paquete de enmiendas la independencia de las sociedades de tasación respecto de las entidades de crédito y se agilizarán los procedimientos para evitar la carga de intereses por los retrasos judiciales. Además, se limitará a 30 años el plazo máximo de las hipotecas que den cobertura a emisiones de cédulas hipotecarias y se facultará que los jueces reduzcan las deudas que les quedan pendientes a las familias desahuciadas en el caso de que el banco obtenga plusvalías con la venta.

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