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jueves, 23 de mayo de 2013

Amnistía denuncia la desprotección en el derecho a la vivienda (Lucía Villa - Publico.es - 22/5/13)

"El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables". Es una de las conclusiones recogidas en el último informe anual de Amnistía Internacional, que en el caso de España pone el foco en el acceso a la vivienda como uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012.
En concreto, el informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, ambos en territorio madrileño. Pero la preocupación de la organización no gubernamental se extiende también a la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación "anormal", según ha señalado el director de AI en España, Esteban Beltrán.

"El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado Beltrán, quien ha anunciado que Amnistía Internacional llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda en España en los próximos meses.
El principal problema, según ha señalado, es que no existe un marco legal al que los jueces puedan acogerse con respecto al derecho de acceso a la vivienda, sino solamente sobre cuestiones de deuda. "Hay un problema enorme de jurisdicción", ha dicho el director de la ONG, que ha pedido que "se paren todos los desalojos hasta que los afectados tengan el marco legal oportuno para poder defenderse".
Por ello, Amnistía ha anunciado que piensa tomar varias medias al respecto. A largo plazo, tratar de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho fundamental. A corto y medio plazo, que los tribunales puedan empezar a aplicar un derecho a la vivienda adecuado. A este respecto, Beltrán ha recordado que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 2010 y por lo tanto vinculante, y que permite a los afectados acudir ante la ONU y otras instancias judiciales para defender su derecho a la vivienda.
"En junio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo", cita el informe.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que acudió a la presentación del informe ayer en Madrid, reivindicó que el derecho a la vivienda no supone sólo el acceso a un bien material, sino que "es condición necesaria para el desarrollo de otros derechos", como el derecho a la salud o a la alimentación. "Si algo sobra en este país en crisis son viviendas vacías. No hay falta de recursos. Se están privando los derechos de las personas para favorecer los intereses especulativos", denunció Colau, que criticó que el Gobierno, frente a la actuación de la ciudadanía, esté "estigmatizando, criminalizando y reprimiendo" a quienes defienden los derechos de las personas.

Tortura, racismo y víctimas de Franco

Además del acceso a la vivienda, el informe se hace eco de otros casos de vulneración de derechos en nuestro país.
Entre ellos, destaca "las frecuentes denuncias contra funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por uso excesivo de la fuerza y malos tratos al dispersar las manifestaciones". Amnistía Internacional concluye que, por lo general, "las investigaciones sobre las denuncias no fueron ni exhaustivas ni eficaces; algunas no prosperaron debido a que los policías presuntamente implicados no llevaban placa de identificación en el uniforme en el momento de los hechos", cita textualmente el documento.
Otro apartado destacado en el capítulo que abarca el estado de los derechos humanos en España es el dedicado al racismo y la discriminación, en el que AI recoge varios casos que dan evidencia de que "la comunidad musulmana y otras minorías religiosas siguieron encontrando obstáculos para obtener permisos de apertura de lugares de culto". "La restricción del uso de prendas y símbolos religiosos se mantuvo en algunas escuelas y siguió afectando de manera desproporcionada a las alumnas musulmanas", manifiesta el texto, que también recoge en el apartado de 'personas refugiadas y migrantes' la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular. "Esto no es un recorte, es una violación de los derechos humanos", dijo Beltrán.
 Especial atención presta también a los delitos de derecho internacional. Concretamente, Beltrán se refirió a 2012 como el año en que "España cerró la vía judicial a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil" y el informe concluye que la legislación nacional "seguía incumpliendo las obligaciones contraídas" a pesar de que España "había ratificado la Convención de la ONU contra las Desapariciones Forzosas".
Aunque no aparece en el informe, el director de Amnistía Internacional en España subrayó como una preocupación grave que el Gobierno haya firmado un acuerdo con las autoridades chinas en el que se compromete a no inmiscuirse en asuntos internos del país. "Es algo que no se ha dado en ningún otro país de Europa y aquí se ha dicho abiertamente", afirmó.
"Se da una retórica populista en la que el concepto de soberanía se utiliza según los intereses. Las medidas de austeridad se aplican bajo la soberanía de Europa, pero en materia de inmigración se alude a la soberanía nacional", sentenció Beltrán.




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