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jueves, 16 de mayo de 2013

José María Fernández Seijo JUEZ DE LO MERCANTIL : "La dación en pago no arruinaría el sistema" (F.Mantecón - Elperiodicodearagon.com - 16/5/13)

El juez Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Zaragoza, recibió ayer el premio Estrella de Europa del Ayuntamiento de Zaragoza por haber propiciado, mediante una consulta sobre una hipoteca que consideraba abusiva, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contraviniera la legislación hipotecaria española. 

--¿Pensaba desatar tal revuelo con una consulta al TJUE?
--La verdad es que no, la consulta es un instrumento habitual, pero no creí que tuviera esta repercusión mediática. Luego no me sorprendió, cuando la abogada general ya había anticipado el resultado de la sentencia europea en noviembre. La sentencia no es mérito mío, sino demérito de los gobiernos, que no han sabido promulgar leyes que protejan al consumidor. Y la repercusión ha venido de la labor de las plataformas de afectados y por la tragedia de los suicidios, que han dado visibilidad al problema.
--¿La sentencia realmente da cobertura a tantos afectados?

--Teóricamente se la da a todas las ejecuciones, en cuanto a que el juez puede suspenderlas si observa cláusulas abusivas. Podemos hablar de 90.000 al año, más 50.000 actualmente en tramitación, eso son miles de familias. Tenemos que ser conscientes de que no solo estamos hablando de de cláusulas suelo, también de intereses de demora, derivados financieros, redondeo... Es un buen ejercicio, que casi nadie ha hecho, leer la hipoteca y analizar el grado de comprensión, y de información que nos dieron al firmarla. Hasta ahora, se veía normal un 18% de interés de demora, ahora Europa ha dicho que es una barbaridad.
--¿Los jueces están aplicando el nuevo principio de forma generalizada?
--Sí, el pasado 8 de mayo tuvimos una reunión para unificar criterios y la práctica totalidad de los jueces estaban muy sensibilizados con el tema. El problema es que la reforma ha tardado --ya lo recomendaba una directiva europea en 1993--, y cada juez ha actuado con su criterio. El Gobierno debería haber tenido capacidad de reacción. Pero somos muy europeístas, y una reprimenda de Europa nos afecta mucho.
--¿Cómo valora la expropiación de viviendas vacías que se ha propuesto en Andalucía y ha calado en Zaragoza?
--Cada comunidad, que tiene las competencias de vivienda y consumidores transferidas, sabrá como tutelarlo. Como concepto, la expropiación suena a palabrota (ríe), pero es tan simple como poner la propiedad privada al servicio del interés público, y como tal se hace todos los días, para carreteras, vías de tren o parques públicos. Si el derecho a la sanidad o la educación justifica expropiaciones de terrenos, el de la vivienda también debería. El problema es el justiprecio, y lo limitado de su alcance.
--¿La ILP se ha quedado descafeinada?
--Lo que ha hecho el Gobierno es una burla a los firmantes de la ILP, la Ley Hipotecaria rechaza sus aspectos fundamentales. Y estos no hubieran sido tan perjudiciales para la economía, en un país con un índice de morosidad del 4%.
--¿La dación en pago no acabaría con el sistema hipotecario español, como sostiene el PP?
--Si se hace con sensatez, no debería de serlo, tendría unos efectos muy reducidos. El 80% del préstamo es a promotoras, con un 40% de índice de morosidad, mientras que del 20% para consumidores, el índice de morosidad es mínimo. El español antes que no pagar la hipoteca, no come. Y las empresas ya tienen su dación en pago con la ley concursal.
--¿Se puede adaptar a particulares?
--Se hace en toda Europa, solo España y Bulgaria no tienen una de las conocidas como ley de segunda oportunidad, y reactivaría la economía.
--¿Qué otros errores tiene la nueva ley?
--Ha mezclado conceptos que no tienen nada que ver y no ha contado con el asesoramiento de ningún juez --me vetaron a mí, pero no hubo otro--, que somos los que la aplicaremos. no han tenido presentes otras consultas que los jueces tienen elevados a Europa, ni criterios que la Unión quiere que se apliquen, como las sobregarantías. Solo en España puede salir perjudicada la familia que avala al solicitante de una hipoteca.

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