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martes, 21 de mayo de 2013

¿Una bombona a punto de estallar? (Luis P.Arechederra - ABC.es - 20/5/13)

La historia suena tan similar a la del sistema eléctrico que los paralelismos resultan inevitables: ha comenzado la cuenta atrás para que se enquiste un nuevo desequilibrio energético. Esta vez no es la bombilla de la luz, sino la bombona de butano.
Para evitar que el precio de la bombona no pare de subir arrastrado por el de la materia prima (butano o propano), el Gobierno lleva años fijando un precio regulado que no recoge los costes reales. Sucede desde 1992, cuando inició su tímida liberalización. Según José Luis Blanco, director general de la Asociación Española de Operadores de Gases Licuados del Petróleo (AOGLP), esta fórmula «ha supuesto 800 millones de euros al sector».

Ahora, el Ministerio de Industria ha reconocido el desajuste y ha dado una patada hacia delante a la bombona. Para ello, el Gobierno puso en marcha en marzo un nuevo mecanismo de revisión de precios que establece un tope máximo anual para la bombona media (de 12,5 kilogramos), fijado en los 17,5 euros hasta marzo de 2014. Un precio que se alcanzó el martes pasado, 14 de mayo, cuando el butano se encareció un 2%, acumulando una subida del 7,5% desde enero. Además, en cada revisión bimestral no podrá haber un incremento mayor al 5%. El Gobierno no quiere que las subidas de precio que superen el límite anual se repercutan en un producto «de marcado carácter social», que consumen las familias más necesitadas de la sociedad.
El modelo crea un desajuste similar al déficit de tarifa eléctrico, a pesar de que los operadores no podrán reconocerlo en sus balances, según cuentan fuentes del sector. Pero sí será compensado a través de pagos en el futuro. Una situación que mejora la inseguridad en la que ha vivido el sector en los últimos meses, pero con un riesgo: si el precio de la materia prima se dispara por un acontecimiento externo, como una crisis en Oriente Próximo, los 17,5 euros por bombona no cubrirán los costes y las empresas acumularán más pérdidas.
En marzo del año que viene, el Gobierno tendrá que tomar una decisión. Las fuentes consultadas apuntan que todos los agentes son partidarios de que se avance en la liberalización del mercado del gas licuado. Aún se desconocen los detalles, pero la idea sería evitar que todo el mundo pague el precio regulado de la bombona media y que se proteja a los más desfavorecidos con una «bombona social».
En la actualidad, el 92% de los consumidores de gas licuado envasado están acogidos al precio regulado (el equivalente a la Tarifa de Último Recurso en la electricidad), para las bombonas de 11 kilogramos de propano y de 12,5 kilogramos de butano. El resto, en torno a un 8%, compra bombonas de precio libre de 6 ó 33 kilogramos, sobre todo para usos industriales. Un proyecto de liberalización acotaría el abanico de consumidores acogidos al precio regulado. El problema está en cómo determinar quiénes podrían hacerlo y quiénes no: jubilados, desempleados, personas con una renta mínima. El control del consumo, para evitar un gasto aprovechado de la bombona regulada, tampoco es sencillo. Usted puede comprar una bombona en una gasolinera y nadie sabe a qué uso se destina.
La otra opción es que el Gobierno mantenga el sistema actual de precios pero actualice el límite máximo en función de cómo haya evolucionado el mercado. Si se ha conseguido compensar las pérdidas de las compañías, el tope bajaría. Si no, subiría. Esa decisión seguiría retrasando la solución.

Protección social

El problema de la puesta en marcha de esta liberalización es el carácter social de la bombona de butano, una fuente de energía a la que recurren los sectores más desfavorecidos, especialmente maltratados por la crisis. En España hay casi siete millones de contratos de bombonas (envasado) y 600.000 de gas licuado canalizado.
El perfil del consumidor es un cliente que, con menos poder adquisitivo que quien utiliza una instalación fija de gas natural, utiliza la bombona para lograr agua caliente y para uso en la cocina y, en algunas ocasiones, para una estufa catalítica. Una familia media con cuatro personas utiliza una bombona cada veinte o treinta días. «Es un consumo de unas 10, 12 ó 15 bombonas al año», puntualiza el director general de AOGLP, quien añade que las zonas con más consumo son Andalucía, Extremadura y Galicia, en sus regiones rurales. Además, la crisis económica ha provocado una vuelta de consumidores a esta fuente de energía, como familias «que han quitado la vitro para cocinar y han vuelto al gas». Esto ha frenado la caída de una demanda que, a pesar de ello, está en claro descenso, como en el caso del gas y de la electricidad, por la crisis.
Blanco critica que bajo el paraguas regulado se cobijan otros usuarios, como las cafeterías urbanas que calientan las terrazas para fumadores o los propietarios de segundas viviendas. El director general de AOGLP cita que esta fórmula de precios hace que algunos consumidores industriales prefieran comprar muchas bombonas pequeñas de 12,5 kilogramos a una grande de 33 kilogramos. Con ello, pagan menos, pero «también se multiplica el riesgo de fugas». «Se pone en peligro la seguridad de las instalaciones», afirma Blanco.
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha criticado la decisión del Gobierno y ha pedido que se elimine el precio máximo. El regulador ya avisó en marzo de que el tope de 17,5 euros se iba a alcanzar en poco tiempo, como ha sucedido este martes. El informe de la CNE habla de un escenario en el que se van a alcanzar «unos valores del término de desajuste descontrolados» y afirma que la entrada de nuevos operadores al mercado de los gases licuados del petróleo no ha sido «suficientemente exitosa». Todo esto, advierte la CNE, generará un déficit de tarifa del butano «explosivo». El sector energético tropieza dos veces sobre la misma piedra.

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