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miércoles, 5 de junio de 2013

Sin derecho a una segunda oportunidad (El País Lluís Pellicer 4/6/13)

  • España es el único país sin procesos de quiebra para que las familias empiecen de cero
  • La dación en pago solo se da en 11 estados de EE UU, pero los particulares se endeudan más
 
Acampada contra los desahucios en la sede de Bankia en Madrid./Carlos Rosillo
Las familias españolas llevan ya un lustro tratando de reducir el exceso de deuda que acumularon durante la época de expansión. Desde el comienzo de la crisis, en 2008, los hogares han saldado casi 100.000 millones de euros. El precio de ese desendeudamiento, sin embargo, está siendo muy elevado: solo el año pasado se produjeron 38.778 desahucios. Además de quedarse en la calle, muchas familias ni siquiera tienen la posibilidad de remontar al encontrarse con otra deuda a cuestas casi para toda la vida, la de la diferencia entre la hipoteca y el valor en el que se ha vendido la vivienda, en muchos casos muy inferior al que tenía cuando la compraron.
Los movimientos sociales, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a la cabeza, reclaman una segunda oportunidad para las familias. Ante la insuficiencia
de las medidas adoptadas por el Gobierno, desde entidades sociales hasta colectivos profesionales o la universidad miran más allá de las fronteras para implantar en España un sistema que permita empezar de cero. Puesto que el 77% de la deuda que arrastran los hogares es hipotecaria, el primer lugar al que se examinó fue Estados Unidos, donde el año pasado se ejecutaron 767.000 viviendas, según estiman las consultoras norteamericanas. Varios sectores —sociales, pero también empresariales— pidieron importar la práctica de la dación en pago, la entrega de la casa al banco a cambio de saldar la deuda.
La dación en pago es la fórmula más conocida de Estados Unidos, aunque ni es la única ni la más común y depende de cada Estado. Precisamente, la variedad de posibilidades que existen hacen que el sistema que se emplee sea lo de menos. “Estar en uno u otro Estado no tiene tanta importancia, porque siempre hay la posibilidad de acudir a un concurso de acreedores para poner el contador a cero al día siguiente. En España es distinto. Sí importa que haya o no dación en pago porque no hay esa otra posibilidad”, explica el profesor de Economía de la Universidad Carlos III e investigador de Fedea, Marco Celentani.
La Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social —en vigor desde mayo— solo contempla la dación en pago en casos muy limitados —ni universal ni retroactiva— y reduce los intereses de demora. El anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización trata de abordar también la “segunda oportunidad” a través de una modificación de la ley concursal que, según dice, beneficiará a “toda persona natural”, es decir, también consumidores. Estos podrán ver cómo se perdona su deuda siempre que no hayan dejado de pagar los créditos contra la masa, los privilegiados —como la hipoteca— y el 25% de las deudas. “No hay segunda oportunidad para el que menos tiene”, asegura Matilde Cuena, profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense.
En Estados Unidos hay un plan A y un plan B. En el primero, el consumidor tiene una deuda con una garantía: la casa. ¿Qué se puede hacer entonces? De los 50 Estados norteamericanos, solo en 11 la regla general para que el banco recupere la deuda pasa por algo parecido a la dación en pago. En realidad, se trata de territorios donde o bien el crédito está garantizado solo por la propiedad que financia —California o Arizona— o en los que es muy complicado reclamar sobre el resto de bienes del deudor porque la legislación lo impide declarando gran parte del patrimonio como inembargable o realizando la ejecución de acuerdo a un “precio justo” y no de mercado, como lo expone el trabajo Garantías e impago de la hipoteca residencial: teoría y evidencia de Estados Unidos, elaborado por las profesoras Andra C. Ghent y Marianna Kudlyak. En el resto de los Estados, si la venta de la vivienda no llega a cubrir el préstamo, el banco puede pedir actuar contra el resto de las propiedades del deudor.
Estados Unidos no solo fue un laboratorio de productos hipotecarios —muchos de ellos tóxicos— mientras se hinchó la burbuja. La crisis de las subprime obligó al Gobierno federal a buscar soluciones ante la oleada de ejecuciones hipotecarias. La profesora de Economía de la Universidad de California Michelle White explica que en 2009 se propuso, sin que prosperara, una suerte de quita bancaria para que el valor del préstamo se adaptara al valor de la vivienda. “El Gobierno tiene varios programas para prevenir las ejecuciones hipotecarias mediante el pago a los prestamistas de algo de dinero a cambio de la reducción de la hipoteca, pero no han sido muy eficaces. La mayoría de los prestamistas deciden no participar en estos programas”, asegura White.
La dación en pago, sin embargo, no es un final feliz. Todo lo contrario: supone que el comprador se ha visto obligado a dejar su casa. “La mejor opción es llegar a un acuerdo con el banco para reducir los pagos mensuales o la cantidad que debe el consumidor para poder quedarse en la casa”, asegura la analista política del Center for American Progress Sarah Edelman.
En el caso de que no haya otra opción que dejar la vivienda, sostienen las fuentes consultadas, el acuerdo sigue siendo la mejor opción. Para el deudor, porque de ello depende la facilidad con la que podrá contraer nuevas deudas en el futuro. Y al prestamista no le interesa incurrir en gastos judiciales o de reputación por pequeñas cantidades. “Tenemos un gran problema de altos niveles de casas vacantes, lo cual ha hecho mucho daño a los vecindarios”, explica Edelman. Según Andra C. Ghent, profesora de Finanzas de la Arizona State University, varios estudios concluyen que en casos de ejecución hipotecaria la pérdida de valor del inmueble se acelera y desciende una media del 28%.
Fuentes financieras explican que, en caso de tener que abandonar la vivienda, la primera opción hasta ahora son las short sales (ventas cortas), antes que la dación en pago. Se trata de que el deudor intente vender por su cuenta la vivienda, aunque sea por debajo del valor del préstamo, porque el banco considera que la devaluación será menor que si se deja pasar mucho tiempo. La Agencia Federal de Financiación de Viviendas aprobó el año pasado 125.232 ventas cortas, frente a 16.232 daciones en pago. Si se tiene en cuenta todo el periodo de crisis, desde 2009 se han aprobado 410.061 short sale y 36.017 daciones.
“Al principio de la crisis apenas existían las daciones en pago, pero hoy los consumidores los utilizan con mayor frecuencia”, asegura Edelman. Una de las opciones que ha adoptado el Gobierno es que los deudores de hipotecas respaldadas por las financieras semipúblicas Fannie Mae y Freddie Mac puedan acogerse a la dación en pago cuando lo demás ha fracasado. En estos casos, el consumidor puede entregar su piso al banco, que renuncia a ir contra la diferencia.
Hasta aquí el plan A. Porque hay plan B. Imaginemos que el afectado tiene, además, de casa, deudas pendientes de sus tarjetas y de un crédito al consumo. O bien que después de la ejecución han quedado deudas pendientes. La opción más lógica, en este caso, será la de declararse en quiebra. Y lo puede hacer a través de dos artículos del Código de Bancarrota: el 7, por el que el deudor pierde todo aquello que se le pueda embargar, pero queda liberado de toda deuda con la condición de no pedir de nuevo el concurso de acreedores en ocho años; o bien el 13, que exige un plan de pagos preservando la empresa, el hogar y los bienes de necesidad del deudor.
En la práctica, pues, en Estados Unidos sí es posible lo que se conoce como el fresh start en el caso de perder la casa. “Si alguien tiene una vivienda y se declara en bancarrota, se queda sin deuda. Pierde la casa, pero se queda a cero. Ese proceso, que no se da en España, es muy feo, pero ha permitido a los hogares desendeudarse”, asegura la catedrática de la Harvard Kennedy School, Carmen Reinhart.
De la fórmula que emplee el deudor dependerá la posibilidad de rehacerse con mayor o menor facilidad. El sistema estadounidense de concesión de créditos se basa en el puntaje de cada consumidor. Cuanto mejor sea, más barato será el crédito. “En caso de que se acabe produciendo la ejecución hipotecaria, el deudor no podrá acceder al crédito en siete años”, advierte Reinhart. Andra Ghenta va más allá: el consumidor tendrá complicado acceder incluso a un alquiler o a una tarjeta de una operadora telefónica.
¿Qué ventajas tiene la quiebra? Un directivo financiero explica que la quiebra o la ejecución hipotecaria también supone una mancha en ese expediente. Y también, pero en menor medida, la dación en pago y las ventas cortas. “Pero todo eso en Estados Unidos cambia. Hoy puedes no ser apto y de repente todo puede cambiar radicalmente”, sostiene.
Si en Estados Unidos hay tantas fórmulas como Estados, en Europa el mapa es similar. Ghenty opina que “la mayoría de países europeos, incluyendo España, tienen una legislación sobre bancarrota mucho menos generosa que Estados Unidos”. La Comisión Europea ha publicado recientemente un estudio encargado a la consultora London Economics sobre las vías que han adoptado los países de la Unión Europea para proteger a los consumidores que se hallan en dificultades financieras, desde la dación en pago hasta los concursos.
El documento señala que solo unos pocos países preservan el precepto pacta sunt servanda, es decir, que las deudas deben pagarse sin rechistar; la mayoría de países han previsto procedimientos para aliviar el peso del deudor, y muchos Estados han decidido pasar del sistema judicial al administrativo. El informe señala que la “cancelación de la deuda” no debe ser “un derecho automático” del consumidor, pero este sí debe tener derecho “de acceder a él” salvo que se demuestre que actúa con “mala fe”. Solo la ley española, añade, contempla la dación en pago, aunque no de forma universal. Marco Celentani afirma, sin embargo, que esa consideración es muy “generosa”.
La mayoría de expertos miran hacia el modelo alemán, pero incluso Italia tiene su ley de sobreendeudamiento, aprobada en diciembre de 2012, que permite que los ciudadanos se acojan al concurso de acreedores. En Alemania, el juez fija un plan de pagos que permita librarse en un máximo de seis años de las deudas con los acreedores, con quitas incluidas. “En Alemania, difícilmente se va a producir una situación en la que el valor de la vivienda supere el de la hipoteca porque allí la banca solo puede prestar por el 60% del valor”, explica Cuena. Según el informe de la Comisión Europea, el 18 de julio de 2012 el Gobierno de Angela Merkel propuso una revisión de la ley, entre otros motivos, para reducir el plazo de cancelación de la deuda de seis años a tres.
Los detractores de todos esos mecanismos, sobre todo los bancos, advierten que supondrían un encarecimiento del crédito, en especial la dación en pago. La consultora Oliver Wyman alertó de que si la casa fuera la única garantía del préstamo las hipotecas españolas se encarecerían en 60 euros al mes. EE UU demuestra que eso no tiene por qué ser así. “No hemos encontrado que las hipotecas sean más caras en los Estados en los que la propiedad no tiene otra garantía que la propia casa. La razón principal es porque las entidades semipúblicas no exigen garantías diferentes entre Estados, sino por motivos económicos”, dice Ghent.
En cambio, su estudio sí señala que en los Estados en los que la vivienda es la única garantía las posibilidades de caer en impago son mayores. La profesora Michelle White está ultimando una investigación que, explica, concluye que “es más complicado obtener hipotecas en Estados donde los propietarios pueden prevenir la ejecución hipotecaria a través de la bancarrota”. El estudio, además, estudia qué efectos tienen medidas como la que estudió el Congreso de EE UU en 2009 para reducir la hipoteca de acuerdo con el precio de mercado de la vivienda para determinar que la concesión de hipotecas puede variar el 10%. Sin embargo, Celentani recuerda que “la teoría económica no dice que sea mejor que haya más crédito, sino la cantidad adecuada”. “Como dijo Keynes, los absolutistas del contrato son los verdaderos padres de las revoluciones”, remacha.

Una ley española para reiniciar

La Comisión Europea ha vuelto a poner deberes a España a base de reformas. Pero nada hay sobre lo que los expertos consideran una “anomalía” dentro del continente. “¿Cómo puede ser que un país como España, donde el primer problema es la deuda privada, no tenga un sistema de concursos de acreedores individuales?”, se pregunta la profesora de Derecho Civil de la Universidad Complutense Matilde Cuena. Con ella coincide Carmen Reinhart, de la Harvard Kennedy School, quien considera que España debería desarrollar “leyes domésticas” para que a quienes les ejecuten su hipoteca se queden sin deuda, lo cual reduciría el “endeudamiento privado”.
Hoy los particulares pueden pedir concursos de acreedores. Pero estos —ni con la reforma que ha puesto sobre la mesa el Gobierno— nada tienen que ver con los que pueden solicitarse en el resto de Europa. En España los concursos, por ejemplo, no permiten parar la ejecución hipotecaria. De las deficiencias de los concursos de España dan fe los números. En 2012, en plena recesión, solo 1.100 personas pidieron la antigua suspensión de pagos. La cifra está a años luz de otros países. Por supuesto, de los 1,36 millones de concursos de Estados Unidos; los 105.000 de Alemania y los 173.000 de Francia.
El profesor de la Universidad Carlos III e investigador de Fedea, Marco Celentani, también apuesta por implantar ese procedimiento en España. Celentani rechaza que el argumento del riesgo moral, es decir, de que se premie a alguien que ha tenido un mal expediente crediticio o que se favorezca “comportamientos oportunistas”. Todos los países, dice, tienen su mecanismo para detectar “quiebras fraudulentas”. “No es del todo cierto que en España haya habido una mala cultura de pago”, afirma el profesor con referencia a los datos de morosidad, que apuntan a las Administraciones y empresas, sobre todo inmobiliarias, como los más incumplidores, y a los particulares como los más puntuales con sus pagos.
Luis Barriga, de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, apuesta por un procedimiento parecido al de Francia. Para sanear deudas, el particular primero recurre a la vía de la mediación. En caso de que esta fracase, el caso va al juez, pero con un informe de la comisión que interviene antes.
Matilde Cuena considera que el fresh start es una medida de “política económica” que incluso permitiría reducir el déficit público. Ello es así porque el sistema actual lleva a los deudores a la economía sumergida dado que ejecutado el patrimonio del deudor, responde con sus bienes futuros. Si el deudor “remonta” todos los ingresos se los comerá la deuda antigua, por lo que no tiene estímulo para el trabajo ni para reiniciar otra actividad. Cuena critica que la medida casi fuera aprobada en la última reforma de la Ley Concursal, de octubre de 2011, y PP y PSOE acordaron una enmienda en la que se retrasaba el tratamiento legal de la insolvencia de las familias la cual debía realizarse en el plazo de 6 meses, cosa que no se ha cumplido y ello a pesar de que ambos partidos recogían tal reforma en los programas electorales presentados para las elecciones que se celebraron un mes después. LLUIS PELLICER






 

 

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