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martes, 27 de mayo de 2014

¿Qué se juega la vivienda en las elecciones europeas? (Daniel J. Ollero - El Mundo - 23/05/2014)


A pesar de que la inmensa mayoría de las competencias en materia de vivienda se establecen a nivel estatal, autonómico y local, la legislación, política y decisiones que se toman a nivel europeo tienen una repercusión, en ocasiones evidente y en otras no tanto, en el funcionamiento del sector inmobiliario de los Estados miembros.
Entre los ámbitos a los que llegan los hilos de Europa se encuentran la rehabilitación energética, la construcción eficiente, las normativas constructivas técnicas, el control hipotecario, los desahucios y los temas relacionados con la fiscalidad de la vivienda, como las deducciones o el establecimiento de un tipo u otro de IVA.
Pese a todo, al igual que ocurre con las normas y directrices provenientes de la Unión Europea (UE) en otros ámbitos, las decisiones y mandatos de Bruselas que afectan a la vivienda se toman como imperativos o simples recomendaciones, según la situación y los intereses de la realidad política de cada momento.
"La falta de autoridad efectiva del Parlamento Europeo en esta materia se debe a que los Estados miembros son muy celosos de sus políticas en los asuntos de suelo, vivienda social y cuestiones impositivas", señala Gonzalo Bernardos, economista y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona. "En la UE existen grandes diferencias en lo relativo a los mercados inmobiliarios y las políticas relacionadas con este sector", prosigue. "Por ejemplo", continúa, "el mercado alemán, donde hasta el año 2009 la vivienda experimentaba una bajada de los precios, es completamente contrapuesto al de España y al de Reino Unido, dónde se han producido burbujas".
La legislación europea actúa con más fuerza en las cuestiones técnico-constructivas
Donde la legislación europea actúa con más fuerza es en los ámbitos relativos a las cuestiones técnico-constructivas. "Por ejemplo, la UE puede tener voz y voto a la hora de establecer una normativa técnica a nivel comunitario, que puede repercutir en un aumento de los costes", explica José Manuel Galindo, presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) y presidente de la Unión de Promotores y Constructores de Viviendas de Europa (UEPC). "La legislación europea también puede tener un impacto en materia energética al establecer la agenda 20-20-20, que busca reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar un 20% las energías renovables y mejorar la eficiencia energética de los edificios en un 20%. Una hoja de ruta que también tendrá una repercusión en cuestiones técnicas y de costes", apunta.
De hecho, España ya ha sido multada en enero de 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a petición de la Comisión Europea, por demorarse en la aplicación de la normativa comunitaria en materia de eficiencia energética de los edificios que, según las exigencias de Bruselas, debería estar incluida en la legislación española desde el año 2006. En octubre del 2012 el Gobierno español llegó a votar contra la Directiva europea 2012/27/UE de Eficiencia Energética esgrimiendo el argumento de que el ahorro de energía supondría una rémora para la economía española. Pese a esta negativa, el 27 de junio de 2013, apenas unos meses después de mostrarse reticentes a la iniciativa a nivel comunitario, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación de Espacios Urbanos, plegándose así a la legislación de la UE.

Hipotecas y fiscalidad

Otro de los ámbitos donde las directivas comunitarias han tenido impacto a nivel nacional es el de la normativa sobre hipotecas, aprobada a finales de 2013 y cuyo ponente parlamentario fue el eurodiputado socialista español Antolín Sánchez Presedo. La norma se elaboró con el objetivo de acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios -en gran medida responsables de la burbuja inmobiliaria según numerosos expertos- y para mejorar la protección de los consumidores en caso de desahucio por cuestiones de impago. Además, impide que los Estados miembros puedan oponerse a las daciones en pago si las partes contratantes del préstamo así lo establecen en el contrato de crédito.
Esta serie de medidas comunitarias, pese a que teóricamente son imperativas en España, en ocasiones cuentan con una escasa repercusión palpable a nivel social. "El problema reside en que desde el Parlamento Europeo se abordan cuestiones marginales en lugar de los asuntos importantes", comenta crítico el profesor Bernardos. "A menudo se encargan de cuestiones a nivel técnico, que son más un problema que una ventaja porque suponen costes añadidos que incrementan el precio de construcción de las viviendas", añade. "No hay ningún plan para frenar de manera efectiva los desahucios que se producen, no se ha conseguido frenar la especulación, ni tampoco se ha logrado abordar el tema de la figura del agente urbanizador. Bruselas no ha entrado en la materia esencial de vivienda en gran parte por culpa del celo de los propios Estados miembros que componen el parlamento", explica.
El financiero es en el ámbito más condicionado por la UE
El ámbito en el que las iniciativas a nivel europeo tienen un mayor impacto a nivel nacional es el financiero, sobre el que existen más dudas acerca de su desarrollo. La UE busca avanzar hacia una Unión Bancaria y se espera que aumente la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la banca. Unos proyectos sobre los que aún no se conocen gran parte de los entresijos y que, según Bernardos, "van para muy largo". "Lo que sí sabemos es que el BCE ha anunciado que en los próximos meses se llevarán a cabo medidas excepcionales, que por otro lado son medidas ordinarias desde hace cuatro años en Reino Unido y EEUU, para que el crédito, íntimamente relacionado con la concesión de hipotecas, fluya", recuerda.
El aspecto tributario de la vivienda es quizá el campo sobre el que más dudas hay acerca de futuras actuaciones a nivel local respecto a la línea marcada por Bruselas. Ya a finales del año 2013, la comisión de expertos impulsada por el Gobierno sugirió la posibilidad de pasar el IVA de la vivienda de tipo reducido del 10% al general del 21%, aludiendo a informes comunitarios que denuncian que este impuesto es demasiado bajo en España. Una recomendación que el propio Ejecutivo no se molestó en aceptar o refutar de manera tajante. Por otro lado, la deducción por compra de vivienda habitual se enfrenta a una situación similar. En reiteradas ocasiones, la Comisión Europea ha recomendado al Gobierno de España "reducir las ventajas fiscales, como el tratamiento favorable a la compra de vivienda" para "mejorar la eficacia del sistema". Unos consejos que, según publicó EL MUNDO, han provocado que el Gobierno maneje la opción de eliminar con efecto retroactivo de las deducciones por vivienda después de que ya suprimiera la desgravación para nuevas adquisiciones desde el 1 de enero de 2013.
En definitiva, Bruselas no cuenta con un poder fáctico sobre las políticas de vivienda ni sobre los sectores relacionados íntimamente con la misma, como hipotecas, fiscalidad, construcción o eficiencia energética. Un comportamiento que Bernardos achaca a la consideración que históricamente ha tenido este sector en la UE: "La vivienda nunca se ha considerado como algo importante. Todo lo contrario, se ha considerado como algo secundario y sólo se le ha dado importancia cuando hay una burbuja o cuando ésta estalla".

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