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jueves, 11 de diciembre de 2014

Obras Públicas colabora con Stop Desahucios para atender a los colectivos vulnerables (Aragon_hoy 10/12/2014)

El Gobierno de Aragón busca soluciones a todos los casos de desahucios de los que tiene conocimiento a través de las distintas iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo autónomo. En este sentido, la directora general de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón, Belén Corcoy ha mantenido hoy un encuentro con la coordinadora de Stop Desahucios para explicarle las distintas medidas instauradas para canalizar los distintos tipos de ayudas establecidas a través del Plan de Gestión Social de la Vivienda  y colaborar con la entidad en su difusión para que los afectados o los que estén en riesgo de un desahucio sepan que existen y que pueden acudir a ellas antes de que se produzcan los lanzamientos.
 
Así, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Belén Corcoy ha señalado que ante todo se busca colaboración con Stop Desahucios para ayudar a minimizar los problemas de vivienda de los ciudadanos y ha recordado algunas medidas puestas en marcha como “ las mediaciones gratuitas que se proporcionan a personas inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria como las ayudas a inquilinos que venimos convocando y que entre 2013 y 2014 hemos repartido un total de tres millones de euros que se van a completar el año que viene con cuatro millones setecientos mil euros destinados también a estas ayudas”, ha detallado.
 
Además, Belén Corcoy ha recordado el convenio que se dispone con el Consejo General de Poder Judicial “a través del que se intenta que esos desahucios no lleguen a producirse mediante  la suspensión de ese lanzamiento o bien proporcionándoles una vivienda”  
En este sentido, ha detallado que “a través de las mediaciones se ha conseguido paralizar un total de 176 desahucios y a través del convenio con el Consejo General del Poder Judicial se ha conseguido realojar a 36 personas”, ha indicado.
 
Es el caso, por ejemplo, de las Unidades de Gestión Social de la Vivienda habilitadas en las correspondientes Subdirecciones Generales de Vivienda de Zaragoza, Huesca y Teruel del Gobierno de Aragón junto con la oficina de mediación instaurada en la capital aragonesa a través de un convenio financiado por el Ejecutivo autónomo con Zaragoza Vivienda. Mediante estos servicios se ha atendido a 413 familias que han acudido a ellas en busca de asesoramiento y ayuda profesional. Fruto de este trabajo se ha dado solución a 176 familias con mediaciones terminadas con éxito. A ellas pueden asistir los ciudadanos para conseguir asesoramiento a través de la atención de trabajadores sociales y de abogados. 
 
Además, con la finalidad de que los ciudadanos con dificultades para pagar su alquiler pueden seguir haciéndolo, anualmente el Ejecutivo autonómico está convocando ayudas financieras para el pago de alquiler, facilitando a los arrendatarios el cumplimiento de sus obligaciones y evitando en último termino el desahucio. En las dos últimas convocatorias se han otorgado ayudas a cerca de 3.000 familias. Próximamente está prevista la convocatoria de la nueva orden para el 2015 con ayudas por importe de 4,7 millones de euros dentro del nuevo Plan Aragonés de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas (2014-2016).
 
Asimismo, la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación dispone de viviendas propias que las están destinando a alquileres sociales y cubriendo las mensualidades que algunos inquilinos no pueden pagar para evitar los desahucios en estas viviendas. Así la DGA dispone de 355 viviendas, de las que 65 están alquiladas en Teruel, 40 están alquiladas en Huesca y 250 están alquiladas en Zaragoza. Además, otras 58 están cedidas a distintas entidades sociales para que desarrollen proyectos relacionados con la vivienda social.
 
Junto a todo ello, existe el convenio en el que intervienen el Gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Aragonesa de municipios y provincias, cuyo objetivo  es proporcionar una solución inmediata a aquellas personas que van a ser objeto de desahucio tras la correspondiente resolución judicial y que son derivadas desde las instancias judiciales.  Este convenio prevé un protocolo de actuación que consiste en que el poder judicial le comunica al Departamento de Servicios Sociales que se va a producir el desahucio indicando la fecha. Servicios sociales elabora un informe detallado sobre la familia o persona objeto del desahucio y este informe es enviado a la Dirección General de Vivienda que se encarga de procurar a la persona afectada una solución habitacional. Hasta el momento han llegado a la Dirección General de Vivienda 70 casos de los que en 36  han aceptado la vivienda proporcionada, en 5 la han rechazado, en 4 se ha producido la suspensión judicial del lanzamiento, en 13 no aceptan la intervención de la Dirección General de Vivienda o no cumplen los requisitos y 12 están en tramitación en la actualidad.
 
Sin olvidar, la red de bolsas de alquiler social a través de la que se ofrecen alquileres económicos a los ciudadanos en función de sus rentas. La bolsa está conformada con las viviendas que aportan particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, junto a las que aportan las administraciones públicas, así como aquellas entidades financieras de crédito y entidades sociales no lucrativas que decidan colaborar con la misma.
 
Al respecto la directora general de Vivienda y Rehabilitación ha hecho un llamamiento para que “ los particulares, entidades financieras y aquellas entidades que tienen posibilidad aporten viviendas.Cabe destacar que recientemente hemos firmado con el Ayuntamiento de Zaragoza que amplía la bolsa de Zaragoza en 50 viviendas, y estamos a punto de firmar con Sareb otro convenio para ampliar también la  bolsa que ya tenemos con otras 80 viviendas”, ha detallado.
 
La renta máxima a abonar por el arrendatario es de 3 €/m2 útil con un límite máximo mensual de 300 euros por vivienda, que se reducirá en función de la superficie y condiciones de la misma y que en cualquier caso no superará el 40% de los ingresos de las personas que convivan con el beneficiario de la vivienda social. Por su parte, el que cede la vivienda podrá cobrar un máximo de 4 euros/m2 de superficie útil, con un límite máximo mensual de 400 euros/m2. Esta renta de alquiler dependerá de las características de la vivienda y de la capacidad económica de quienes resulten beneficiarios de las viviendas. La diferencia entre lo que puede pagar el inquilino y lo que tiene derecho a cobrar el que cede la vivienda lo abona el Gobierno de Aragón. De hecho en la actualidad los alquileres están oscilando entre 75 euros y 180 como máximo.
 
La Dirección General de Vivienda para acelerar la gestión de este red ha firmado convenios con las Fundaciones Federico Ozanam, Kairós e Ymca y hasta el momento se han firmado 74 alquileres. También, se han rubricado convenios con el Ayuntamiento de Huesca, Zaragoza y Teruel para conseguir más viviendas para esta bolsa y poder atender más peticiones de los ciudadanos. Así se está trabajando en un convenio de colaboración con Sareb para que aporte al menos 80 viviendas que puedan incorporarse a esta bolsa.
 
A todo ello, hay que añadir que  el Gobierno de Aragón ha instado al Central para que prorrogue durante dos años más la suspensión de las ejecuciones hipotecarias contemplada en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Una medida, adoptada por el Gobierno central de forma excepcional y temporal para un periodo de dos años, que afecta a cualquier proceso judicial de ejecución hipotecaria o venta extrajudicial por el que se adjudica al acreedor la vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos. En estos casos, esta Ley impide, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, que se proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas
 
Sin olvidar que en materia de VPO la Dirección General de Vivienda ha adoptado, en cumplimiento de lo dispuesto por la disposición adicional 4ª de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, el criterio de que si respecto de una vivienda protegida se produce la dación en pago, el propietario no tenga que proceder a la devolución de las ayudas recibidas.
 
Unas medidas con las que el Gobierno de Aragón intenta ayudar a los colectivos más vulnerables y poner a su disposición oficinas de información para que acudan a asesorarse y poder evitar de esta forma los lanzamientos y lograr soluciones en el caso de que éstos se produzcan. Los ciudadanos pueden informarse o bien presencialmente en las subdirecciones provinciales de Zaragoza(Edificio Pignatelli, Paseo María Agustín, 36. Información en Planta Baja, Puerta 3)  de Huesca ( Plaza de Cervantes 1, planta 1) o Teruel (C/San Francisco, 1 planta 1) o bien a través del teléfono 900122132 o a través de la página web viviendaragon.org

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