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martes, 30 de junio de 2015

La mesa antidesahucios echa a andar pendiente de la DGA (D.L.G. - El Periódico de Aragón - 29/06/2015)

El Poder Judicial y el Ayuntamiento de Zaragoza pusieron ayer en marcha la mesa antidesahucios con la que intentará atajar el drama de los desalojos en la capital aragonesa o, al menos, intervenir en la prevención y mediación. Es la llamada Mesa de Coordinación en materia de Vivienda --así la bautizaron ayer-- que inició su andadura con un discurso más moderado que el utilizado en campaña electoral y a la espera de que se incorpore el nuevo Gobierno de Aragón, una "pata fundamental" en el grupo de trabajo para garantizar la "alternativa habitacional" a los afectados por desalojos.

Así lo expuso la vicealcaldesa y teniente de alcalde de Derechos Sociales del consistorio zaragozano, Luisa Broto, quien junto a Pablo Híjar, concejal delegado de Vivienda, se reunieron en el edificio Fueros de Aragón, en la Ciudad de la Justicia, con el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado; la secretaria de Gobierno, María Pía Lardiés, y el magistrado de Primera Instancia Francisco Polo. Tras esta primera cita, la número dos de Zaragoza en Común (ZeC) acabó mostrando más el "deseo" de acabar con este drama social, ya no se garantiza, y más respeto a una legislación estatal de obligado cumplimiento para todos ellos, sin una posible desobediencia sobrevolando ningún discurso. De hecho, ya se habla de que la solución "a lo mejor está a medio o largo plazo" si es cambiar la ley.
Por parte de la DGA acudieron técnicos de la Dirección General de la Vivienda, del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), pero falta saber "qué línea política" desea imprimir el nuevo Ejecutivo. Y habrá que esperar a la siguiente reunión, que ayer acordaron convocar "en la primera quincena de julio".

MEDIACIÓN

Será entonces cuando empezar a concretar propuestas. Ayer solo se "sentaron las bases" para esa hoja de ruta que urge definir. Porque los próximos desahucios tienen que ver con casos de arrendamientos, cuya ejecución es más rápida. Así que Broto hizo especial hincapié en trabajar "en la prevención". "Es muy interesante la parte de que hay una ley que se tiene que cumplir y ver qué margen de maniobra tenemos", apuntó. Así, remarcó que "es importante la mediación" y que quizá una vía de comunicación entre los servicios sociales y los jueces sirva para solucionar mejor los casos antes de que se produzca la orden de lanzamiento. Aunque, reiteró, "tenemos una legislación que debe ser atendida pero con una demanda de los ciudadanos a la que hay que dar respuesta".
Cada día son más conscientes de que es "complicado" sortear la normativa, que hay que trabajar en vías de colaboración centradas, sobre todo, en la vivienda y facilitar a las familias la protección de las instituciones antes de que se produzca el desalojo. Ahí es donde van a tener que poner de su parte el ayuntamiento y, cuando aterrice en la mesa, el Gobierno de Aragón. "Nuestra idea es que se engrase la maquinaria para que se pueda dar la mejor respuesta posible y, si no se puede dar, explicitarla y ver dónde está el problema", señaló.
Por su parte, Dolado comentó, a través de un comunicado, que la mesa ha permitido "conocer con más profundidad la realidad y los problemas existentes en cuestiones de vivienda y aportar nuevas ideas encaminadas a mejorar las soluciones" y que, en este sentido, los juzgados pueden ayudar poniendo en conocimiento de los servicios sociales las situaciones personales de especial vulnerabilidad que detecten en el curso de los procedimientos judiciales y facilitando a las personas afectadas toda la información necesaria para que puedan acudir a ellos.

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