Si buscas piso, visita nuestra sección PISOS DE ALQUILER

jueves, 4 de junio de 2015

Medio millar de familias acceden a pisos de la bolsa de alquiler social de Aragón en un año (P.P.G.- Heraldo de Aragón- 04/06/2015)

En apenas un año, las familias que han entrado a vivir en una de las viviendas de la bolsa de alquiler social en Aragón han pasado de 5 a 523. La administración autonómica anunció a principios de 2014 su intención de finalizar la legislatura habiendo adjudicado una vivienda a las 513 familias de la lista de espera que para aquel entonces habían obtenido un dictamen favorable y el resultado no ha podido ser más ajustado.
Sin embargo, la lista de espera sigue creciendo y a día de hoy el número de interesados que cumplen los requisitos para acceder a estos alquileres baratos supera las 700 personas y se han recibido más de 3.000 solicitudes. El problema fundamental sigue siendo la falta de viviendas y la escasa adecuación de las disponibles a las características de las familias solicitantes por cuestiones de ubicación, tamaño o condiciones de accesibilidad.

En los dos años que lleva en marcha esta bolsa, el Gobierno de Aragón ha intentado conseguir más viviendas habitables en las tres capitales de provincia a través de convenios con sus ayuntamientos. Huesca se comprometió a aportar dos, Zaragoza cincuenta y Teruel cinco. Sin embargo, muchas de estas viviendas todavía no han entrado a formar parte de la bolsa (al igual que las 80 que se comprometió a aportar la Sareb) porque aún están siendo examinadas o porque necesitan reparaciones antes de ofrecerse en alquiler.

De las viviendas que ya han sido puestas en alquiler, cerca de 400 las gestiona directamente la Dirección General de Vivienda y el resto las han adjudicado las entidades sociales con las que la Administración firmó un convenio para agilizar los trámites.
 
Situaciones límite
La Fundación Federico Ozanam ha reubicado ya a 70 familias en viviendas de alquiler social del Gobierno de Aragón. Antonio Jiménez detalla desde esta fundación que las familias que están accediendo al programa están en situación de extrema precariedad.

Un 64% tienen menores a su cargo (un 17% más de dos hijos), muchos carecen de ingresos o dependen de subsidios y la mayor parte estaban a punto de ser desahuciados y han sido derivados directamente desde el Consejo General del Poder Judicial. "Son situaciones límite en las que no pueden afrontar los gastos mínimos de la vivienda".

De hecho, según las normas de la propia Bolsa, los alquileres no pueden superar el 40% de los ingresos familiares y hasta ahora todos los arrendamientos oscilan entre los 75 y los 180 euros al mes.

Respecto a la nacionalidad de los que ya se han beneficiado, un 46% son españoles, un 29% magrebíes, un 11% latinoamericanos y otro 11% procede de Europa del este.
 
Faltan viviendas
Jiménez insiste en que aunque el programa "está dando sus frutos", no hay recursos suficientes para atender a los "miles de solicitantes", ni viviendas, ni un sistema de baremación claro.

"La Administración nos va pasando pequeñas listas con personas a las que hay que adjudicar una de las viviendas que gestionamos. Intentamos dar prioridad a la escolarización de los niños, a la proximidad a centros sanitarios cuando se trata de enfermos crónicos, al número de habitaciones según el tamaño de la familia, a si tienen muebles propios o no... Son muchos factores y es complicado porque las viviendas son las que hay", explica el responsable de los programas de vivienda de la Fundación Federico Ozanam.

Actualmente a esta fundación solo le quedan nueve pisos disponibles para dar en alquiler (además de las 80 que ha adjudicado ya a alguna familia). "De las 139 viviendas por las que firmamos el convenio con la Administración, 40 fueron retiradas de la bolsa por sus propietarios y 18 están pendientes de arreglos o de trámites".
 
Beneficios para los propietarios
Desde el departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón coinciden en la necesidad de que los ciudadanos sigan aportando viviendas. Los propietarios pueden elegir entre cederlas de forma gratuita o proponer una renta, siempre y cuando no supere los cuatro euros por metro cuadrado con un límite de 400 euros. 

La DGA se compromete a garantizar el cobro de la renta, a cubrir la fianza y los gastos de comunidad, de asistencia jurídica y de reparación de cualquier desperfecto. Además existen programas (promovidos por Federico Ozanam) que permiten adecuar las viviendas a través de empresas de inserción social para que cumplan los requisitos mínimos de la Bolsa sin suponer un gasto como tal para el propietario, sino una reducción de los beneficios en el futuro contrato de arrendamiento.

No hay comentarios:

Publicar un comentario