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jueves, 1 de octubre de 2015

La DGA tiene 29 viviendas para 765 peticiones de alquiler social (Laura Carnicero - El Periódico de Aragón - 01/10/2015)

El Gobierno de Aragón dispone de 29 viviendas en la Bolsa de Alquiler Social mientras que se han concedido 765 de las cerca de 3.950 solicitudes iniciales. Una situación que "preocupa" a la nueva Directora General de Vivienda, Mayte Andreu, que en su primera comparecencia en las Cortes reclamó ayuda y coordinación a los ayuntamientos y a los bancos, a los que el Ejecutivo de Lambán no descarta sancionar si disponen de pisos vacíos que no ceden. El Gobierno trabaja en la redacción de una nueva Ley de la Vivienda Aragonesa que flexibilice los requisitos de acceso a los alquileres sociales y regule, entre otras cuestiones, la moratoria y el realojo obligatorio para los desahuciados. A la norma le precederá un Decreto Ley sobre estas cuestiones para conseguir una aplicación más inmediata.
Andreu afirmó que la consejería "entiende la vivienda como un derecho a la misma altura que la Educación o la Sanidad". Para hacerlo efectivo, en el próximo ejercicio aumentarán su partida y trabajarán por la ampliación del parque público de viviendas --actualmente, de 586 inmuebles-- a través de la colaboración de ayuntamientos y entidades bancarias.
Las cifras desveladas ayer reflejan lagunas en la gestión del equipo de Rudi para responder a las dificultades de la ciudadanía para acceder a una vivienda. La escasez de pisos disponibles y el incumplimiento del convenio firmado con la Sareb --que de 80 locales acordados tan solo ha cedido 27-- se suman al hecho de que un tercio de los solicitantes de alquiler social se queda fuera. En la mayoría de los casos, por imcumplir requisitos como no pagar impuestos, unas condiciones que la nueva dirección quiere cambiar.
Andreu remarcó, por otro lado, el "lamentable estado de abandono" de algunos inmuebles propiedad del Gobierno de Aragón, e informó de que se ha puesto en marcha un contrato de mantenimiento, hasta ahora inexistente. De los 29 pisos disponibles en toda la comunidad, la mayoría, 21, se encuentran en Zaragoza provincia --solo siete en la capital, que aglutina el mayor porcentaje de demandas de alquiler social-- y las ocho restantes, en la provincia de Huesca.
Los grupos en las Cortes --también el PP-- mostraron su disposición a apoyar la nueva Ley de Vivienda, aunque Javier Campoy, portavoz popular, le pidió a Andreu que "sea eficaz" y "se centre en resolver", además de criticar la gestión anterior. Apoyo sin fisuras desde los socios PSOE y CHA, y escasos cuestionamientos de Ciudadanos y Podemos, que reclamó conocer "cuántos desahucios se producen en Aragón" y que el área tome medidas contra la pobreza energética. Desde el PAR, pidieron programas específicos para frenar la despoblación o para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.

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