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martes, 17 de noviembre de 2015

Bajan un 7% los desahucios en Zaragoza capital, pero suben un 30% en el resto de Aragón (Heraldo de Aragón - 16/11/2015)

Los desahucios por ejecución hipotecaria han bajado en Zaragoza capital un 7 por ciento hasta septiembre respecto al mismo periodo de 2014, mientras que han aumentado los procedimientos en el resto de los juzgados de la provincia zaragozana y en los de Huesca y de Teruel un 30 por ciento.
También han bajado en Zaragoza capital en los tres primeros trimestres del año los lanzamientos por impago del arrendamiento un 7 por ciento y han crecido un 22 por ciento en el resto de la provincia, en Huesca y en Teruel.

Esos son algunos de los datos que ha avanzado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido, en una comparecencia en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón para presentar la memoria del órgano judicial correspondiente a 2014.

En su intervención, también se ha referido a la violencia contra la mujer, y tras destacar que Aragón tiene una tasa por debajo de la media nacional (número de denuncias por cada 10.000 mujeres), ha indicado que en 2014 se presentaron 3.241 denuncias y se adoptaron 522 órdenes de protección y se denegaron 200, mientras que hasta septiembre de este año se habían concedido 470 órdenes de protección y se habían denegado 148.

Respecto a 2014, ha destacado que Aragón fue la comunidad en la que más aumentó la tasa de litigiosidad respecto al año anterior, un 4,9 por ciento, pese a ser inferior a la media nacional; que el ingreso de asuntos aumentó de 192.000 a 198.000 y que los jueces resolvieron hasta 200.000 casos, más que los que entraron, algo que ocurre desde 2010.

Por jurisdicciones, ha precisado que el número de asuntos ingresados aumentaron en la civil un 15 por ciento y bajaron en la social un 17 %, aunque este ámbito mantiene una tasa de litigiosidad muy alta comparada con los años previos a la crisis.

Hasta septiembre de este año, y comparado con el mismo periodo de 2014, ha descendido ligeramente el número de asuntos ingresados, en 700, sigue subiendo el número de resoluciones, que superan a los ingresados, aumenta también el número de casos en la jurisdicción civil, en torno al 8 %, y siguen disminuyendo en lo social, alrededor de un 11 por ciento.

En cuanto a las necesidades de la justicia, ha insistido en que sería necesario crear el tercer juzgado de lo mercantil en Zaragoza, el octavo de lo social, el cuarto dedicado a familia y el décimo de lo penal en la ciudad con competencias generalistas, y en el caso de que no se creen nuevos órganos, al menos que hubiera nuevos jueces de adscripción territorial en la provincia de Zaragoza.

También cree conveniente que se cree en la Audiencia Provincial de Zaragoza una nueva plaza de magistrado en la sección segunda que se encarga de los asuntos de familia y que las tres secciones penales tuviesen el mismo número de magistrados.

Bellido ha destacado los avances en infraestructuras judiciales, como la Ciudad de la Justicia de Zaragoza o el Palacio de Justicia de Huesca, si bien ha insistido en que hay que seguir avanzando en esta materia, en concreto en la reforma del Palacio de Justicia de Teruel y el propio TSJA.

En cuanto a la modernización de la Justicia, se ha referido a dos reformas estructurales que se deberían acometer esta legislatura.

La primera, el desarrollo del expediente judicial electrónico, con una primera fase prevista para el 1 de enero de 2016 y que supone que todos los documentos escritos y comunicaciones procesales se tengan que hacer electrónicamente, y una segunda etapa más compleja, para mediados del año que viene, que implica que todos los expedientes judiciales se tramiten de forma electrónica y el papel pase a ser un soporte subsidiario.

La segunda reforma estructural que ha resaltado es la implantación de la nueva oficina judicial que potencie los servicios comunes frente a un sistema actual de juzgados que funcionan como "islas", que está prevista desde 2003 y que en Aragón no se ha llegado a implantar a diferencia de otras comunidades.

En su opinión, esta legislatura se debería fijar como objetivo mínimo crear un servicio común de ejecución civil en la ciudad de Zaragoza.

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