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viernes, 13 de noviembre de 2015

La DGA quiere más autonomía para gestionar la vivienda (Estrella Setuáin - Periódico de Aragón -13/11/2015

El Gobierno de Aragón ya ha marcado sus líneas fundamentales en materia de vivienda y tiene claro cómo quiere gestionar a partir de ahora las ayudas que se otorguen tanto para los alquileres como para las rehabilitaciones. El consejero del ramo, José Luis Soro, hizo balance de las subvenciones entregadas en el 2015 y aseguró que "no es positivo" ya que hay cuestiones "muy criticables" como los requisitos establecidos por Madrid que limitan las actuaciones en la comunidad aragonesa. Por ello, reclamarán una mayor autonomía para tomar decisiones y quitarse de encima la tutela del Estado para poder elaborar un Plan Aragonés de Vivienda en el 2017.
El consejero, acompañado de la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, hizo autocrítica de esta convocatoria de subvenciones que se desgrana en tres pilares: el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y las ayudas a la regeneración y renovación urbana (ARRU). En total, se han destinado 14.404.052 euros, de los cuales, el 23% han sido pagados por el Gobierno de Aragón y el 77% de la financiación ha sido aportada por el Ejecutivo central. Aun así, Soro intentará conseguir más fondos públicos para próximas convocatorias.
Poco margen de maniobra tiene la DGA para introducir progresos en el 2016, ya que es el último año en el que se encuentra vigente el convenio firmado con el Ministerio de Fomento y los presupuestos ya están cerrados. Tal y como señaló Soro, "no podemos avanzar mucho en las mejoras que queremos incluir, ya que las partidas y los requisitos están cerrados, pero intentaremos modificar las condiciones para lograr que el plan estatal que se diseñe a partir del 2017 nos permita más autonomía a la hora de decidir cómo se gastan esas ayudas", haciendo referencia a la creación de un plan aragonés de vivienda que determine cómo se gestiona el dinero "en función de las necesidades reales de Aragón".
Porque, precisamente, esta es una de las cuestiones que no han hecho funcionar la convocatoria de este año, según el nuevo Gobierno autonómico. En el epígrafe de rehabilitación edificatoria, los requisitos establecidos por Madrid determinan que solo se puedan otorgar ayudas a edificaciones de uso colectivo, lo que excluye a un gran número de viviendas unifamiliares que se extienden por toda la comunidad en favor de las que se concentran en los grandes núcleos. "Este requisito no piensa en nuestro territorio sino en las grandes ciudades", dijo Soro. Además, dentro de las bases se dejan fuera actuaciones que permitan arreglar las cubiertas de los edificios, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los inmuebles de Aragón.
En cuanto al fomento del alquiler de viviendas, los 4,7 millones disponibles para las ayudas se quedaron cortos. Más de la mitad de las solicitudes no pudieron acceder a la subvención y se concedieron 3.364 ayudas, quedando fuera 4.603 unidades familiares. "Por falta de presupuesto no se llega ni a la mitad de la demanda" explicó Soro, que reclamará una mayor dotación presupuestaria. La directora general destacó el interés del Ejecutivo aragonés por poder cambiar el perfil y llegar así a más familias, ya que las bases limitan el acceso de muchas que "difícilmente" pueden pagar el alquiler a precios de mercado. Hasta ahora se subvenciona hasta el 40% del precio del alquiler total, que no puede ser superior a 600 euros.

PREMURA EN LOS PLAZOS En cuanto a las ayudas a la regeneración y renovación urbana (ARRU), el consejero explicó que la crítica generalizada por parte de los ayuntamientos de la comunidad ha sido el escaso plazo que han tenido para poder entregar las solicitudes. "Algunos municipios no han podido presentar todas las actuaciones que hubiesen querido", apuntó Soro, que advirtió que las ayudas ya se estaban tramitando cuando se accedió a la dirección general, "por lo que han tenido que hacer un gran esfuerzo para poder acceder a ellas". Estas actuaciones van destinadas a la rehabiiltación, renovación de viviendas que son derruidas, la reurbanización de zonas y los realojos de familias en otras casas.

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